Del total de desahucios registrados entre enero y marzo, 5 644 fueron consecuencia de impagos de alquiler, un 3,7 % más que en el primer trimestre de 2024. Se trata de la proporción más alta desde 2013, consolidando un cambio de tendencia en el mercado inmobiliario español: los principales afectados ya no son propietarios que no pueden pagar la hipoteca, sino inquilinos atrapados en un entorno de precios crecientes, precariedad laboral y escasa oferta pública de vivienda.
Esta tendencia creciente sitúa al mercado del alquiler como el epicentro de la vulnerabilidad habitacional en España, especialmente en aquellas comunidades donde la presión de la demanda supera con creces la oferta de vivienda asequible. En este contexto, Cataluña concentra el mayor número de desahucios con 2 069 lanzamientos judiciales en el primer trimestre de 2025. Le siguen Andalucía, con 1 125, y la Comunidad Valenciana, con 794. Por su parte, la Comunidad de Madrid contabiliza 702 casos en el mismo periodo.
Récord de lanzamientos por alquiler y descenso de ejecuciones hipotecarias
Del total de desahucios registrados entre enero y marzo, 5 644 fueron consecuencia de impagos de alquiler, un 3,7 % más que en el primer trimestre de 2024. Se trata de la proporción más alta desde 2013, consolidando un cambio de tendencia en el mercado inmobiliario español: los principales afectados ya no son propietarios que no pueden pagar la hipoteca, sino inquilinos atrapados en un entorno de precios crecientes, precariedad laboral y escasa oferta pública de vivienda.
Por el contrario, los desahucios hipotecarios se han reducido notablemente. En el primer trimestre se ejecutaron 1 189 lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, lo que representa un descenso interanual del 17,9 %. Las restantes 501 órdenes de lanzamiento se deben a otras causas, como ocupaciones o incumplimientos contractuales, con una bajada del 6 %.
El alquiler, epicentro de la tensión habitacional
El auge de los desahucios por alquiler coincide con una etapa de máximos históricos en el precio de arrendamiento. Según datos del informe del Consejo General del Poder Judicial, los precios del alquiler en ciudades como Barcelona, Madrid o Palma superan los 15 €/m², lo que sitúa a miles de familias en situación de sobreendeudamiento habitacional.
Este desequilibrio ha generado un escenario de creciente inseguridad habitacional, especialmente en los sectores más vulnerables: jóvenes, madres solteras, trabajadores en economía informal o con contratos temporales. En muchos casos, el desahucio no llega por una mala gestión financiera, sino por la imposibilidad de sostener un alquiler que absorbe gran parte del salario mensual.
Cataluña lidera en términos absolutos; Baleares y Canarias, en proporción poblacional
Si bien Cataluña lidera en número absoluto de lanzamientos, el impacto proporcional es aún mayor en Baleares y Canarias, donde la combinación de turismo, escasa vivienda pública y empleo estacional dispara los niveles de vulnerabilidad residencial.
En estas comunidades, los sindicatos de inquilinos denuncian una “emergencia habitacional” sostenida en el tiempo. El alquiler vacacional, la reconversión de edificios a uso turístico y la escasa regulación del mercado contribuyen a una expulsión sistemática de los residentes con menos recursos.
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El Gobierno mantiene la suspensión de lanzamientos para vulnerables
Para mitigar el impacto de los desahucios, el Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2025 la suspensión de lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Esta medida, en vigor desde la pandemia, ha logrado frenar una parte de los procedimientos judiciales, aunque no ha conseguido detener la tendencia general.
Además, varias comunidades autónomas han empezado a implementar avales públicos al alquiler, facilitando así el acceso a viviendas arrendadas para personas que no pueden cumplir con las garantías exigidas por propietarios.
Sin embargo, tanto expertos como plataformas ciudadanas coinciden en que estas medidas son insuficientes sin una política estructural de ampliación del parque de vivienda pública, regulación efectiva del alquiler y refuerzo de mecanismos de mediación y prevención del desalojo.
Fuentes oficiales
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